Análisis

Por Elaine Ford

Las historias se repiten más rápido de lo esperado y a veces las memorias se congelan en el tiempo. Esto ha quedado demostrado con la reciente autorización del Congreso para que el presidente Ollanta Humala viaje a Venezuela a asistir a la juramentación del presidente electo, Nicolás Maduro, situación que ha generado demasiado malestar en el entorno socio político nacional. Curiosamente, Alejandro Toledo y su partido político, Perú Posible, considerados los defensores de la democracia frente al régimen de Fujimori en el año 2000, avalaron el reciente viaje de nuestro presidente. Y los fujimoristas han sido los críticos más severos. Adicionalmente se cuestiona la reciente performance de la política exterior de la Cancillería peruana. Y es que a simple lectura, queda claro que asistir al acto de juramentación significa reconocer y respaldar la elección de Maduro, cuyo triunfo aún es muy cuestionado por las irregularidades denunciadas en la jornada de votación y por el estrecho margen en los resultados que le permitió ser considerado ganador.

Pero en este contexto se me vienen a la luz muchas ideas. Recuerdo que hace 13 años en Lima un grupo de jóvenes vivíamos intensamente la crisis de gobernabilidad que sufría el país. Tuvimos un proceso electoral en abril del año 2000 que forzosamente pretendía dar como ganador al presidente Alberto Fujimori. Digo forzosamente porque el panorama de aquel entonces era realmente desolador en términos democráticos: control de los poderes del Estado, casi plena manipulación de los medios de comunicación y empleo de una guerra sucia de lo más feroz nunca antes registrada, la inoperancia del órgano electoral, la politización de las Fuerzas Armadas, la conducta siniestra del Servicio de Inteligencia Nacional, los recursos del Estado destinados a hacer proselitismo y, peor aún, destinados a los actos más denigrantes de corrupción. El inicio del nuevo siglo se proyectaba muy poco alentador.

El fraude electoral en aras de ganar un tercer mandato a la presidencia se venía realizando desde 1996 cuando mediante Ley N° 26657 el Congreso de la República interpretó el artículo 112° de la Constitución de 1993. Ésta permitía una nueva reelección del presidente Fujimori, quien ya estaba en el poder desde el año 1990 -cuando le ganó a su rival, Mario Vargas Llosa-. Desde aquel momento se empezó a orquestar el siniestro plan a fin de sofocar todo intento de manifestación en rechazo a esta controvertida ley y, consecuentemente, abrir paso al triunfo electoral del año 2000. Nadie imaginó que meses posteriores a la juramentación de un tercer mandato, el aparato gubernamental empezara a desplomarse de la manera más veloz e impactante, debido a la revelación del escandaloso nivel de corrupción en el que estaba inmerso el gobierno peruano.

En esa coyuntura fuimos miles los peruanos que salimos a las calles a protestar y quienes manifestamos nuestro rechazo al nuevo gobierno de Fujimori por considerarlo inválido e ilegítimo. Un rasgo a resaltar es que lo hacíamos con convicción en defensa de una democracia que garantice la libertad del individuo y el respeto de sus derechos. Fue una lucha intensa y constante que permitió aglutinar a diversos sectores de jóvenes carentes de identidad en términos de política y de organización, pero dispuestos a sumarse por su instinto democrático. Alejandro Toledo, candidato opositor a Fujimori, lideraba este enérgico sentir de la población en disconformidad a lo que venía ocurriendo. A esta protesta colectiva también se incorporaron movimientos ciudadanos, frentes regionales, gremios artísticos, organizaciones de la sociedad civil y una comunidad internacional alerta y vigilante. Era una clara muestra del descontento que vivía el país por estar sometidos a un régimen autoritario, envuelto en un velo democrático.  

Hoy un escenario muy similar parece trasladarse a Venezuela. La historia se repite en otro país. La no alternancia de gobierno y el afán por perpetuarse en el poder ha llevado al gobierno chavista a utilizar los métodos más ambiciosos para llevar a cabo sus ideales desde hace 14 años. No son fortuitos los reiterados cambios a la Constitución y la promulgación de leyes muchas veces inconstitucionales. Por ahí se empieza. Posteriormente se toma el control de las instituciones del Estado y empiezan a acentuarse todos los demás rasgos que conocemos y que son típicamente de gobiernos autoritarios, pero con la salvedad -para ellos- que han sido elegidos por el pueblo.

Siempre admiro la firmeza y persistencia de Henrique Capriles y cómo él ha logrado articular a la oposición venezolana, que hace cinco años no tenía una dirección clara. Hoy él lidera ese casi 50% de la población que se resiste a extender el legado de Hugo Chávez. Ellos quieren el cambio, quieren recuperar su democracia, quieren recuperar su país. Es importante que sigan adelante en su esfuerzo, pues la verdad llegará en su debido momento. Ante esto sólo es necesario un elemento central en la fórmula del éxito: actuar con convicción.

Henrique Capriles representa en Venezuela, lo que Alejandro Toledo representó en el Perú en el año 2000. Tal vez el desenlace de los sucesos sea distinto, pero lo cierto es que la oposición venezolana hoy necesita de ese apoyo incondicional proveniente de la comunidad internacional y de las organizaciones que velan por el respeto de las libertades en el mundo. Además, es importante que las autoridades electorales venezolanas realicen la auditoría total de los votos, sin actos apresurados ni que despierten suspicacia. En esas condiciones se respetará sea quien sea al legítimo ganador y será un esfuerzo saludable por fortalecer la democracia venezolana.  No olvidemos que la defensa de la democracia debe prevalecer ante cualquier interés particular, porque sólo en democracia es cuando se logra el verdadero desarrollo y bienestar de nuestros pueblos.

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